La Federación de Entidades no Gubernamentales, que tiene convenios con la Dinaf en Mendoza, le pide al Gobierno más seriedad en el abordaje de la problemática de infancia y minoridad.
"Nosotros trabajamos con la brasa caliente todos los días, mientras que los funcionarios de las distintas áreas se están peleando mediáticamente". Estas palabras corresponden al padre Joaquín Fernández, secretario de la Federación de Entidades no Gubernamentales de Niñez y Adolescencia de Mendoza (Fedem).
Así, el párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, perteneciente a la congregación de San José de Murialdo, puso en frases el malestar que por estas horas sienten muchos referentes sociales a raíz de los últimos acontecimientos en la Dinaf.
Los cambios recientes y rumores de alejamientos dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano, Minoridad y Familia, y la idea de la nueva titular de la Dinaf, Dora Martínez, de revisar los convenios con ONG, han alertado a las organizaciones sociales que trabajan en el campo de la niñez, temerosas de que su labor quede en medio de internas y peleas políticas.
De este modo, las 42 entidades nucleadas en Fedem decidieron consensuar un documento que le entregaron ayer por la tarde a la ministra de Desarrollo Social, Silvia Ruggeri, y también a Martínez.
Además de este escrito, que lleva por título La niñez necesita políticas adultas, Patricia Spoliansky -titular de Fedem-, en compañía del padre Joaquín Fernández, quienes oficiarán de voceros de las organizaciones, les pedirán a las funcionarias del Ejecutivo más compromiso y seriedad con el trabajo en el área de infancia.
Pero el reclamo no sólo será para el Ejecutivo, también para el Legislativo y el Judicial.
Específicamente, al Poder Judicial, las ONG le piden urgente resolución sobre la investigación realizada por la muerte de la niña Andrea Ábalos, que puso bajo la lupa el accionar de la organización Tierra de Niños, del área de Familia de la Comuna de Las Heras y de la Dinaf.
A entender de Fedem, sólo cuando la Justicia dirima y se establezca claramente las responsabilidades, las organizaciones sociales podrán volver a trabajar con tranquilidad.
"No queremos que se caiga en una caza de brujas de las instituciones, por que la cadena de responsabilidades es de mucha gente. Las organizaciones no trabajamos solas y es el Estado el que debe controlar que nuestro trabajo sea correcto", explicó Spoliansky.
El temor de las instituciones radica en que, ante la situación con Tierra de Niños, sea vapuleado el trabajo que realizan otras organizaciones y en muchos casos desde las sombras.
Estas, si bien reciben subsidio por parte del Estado, ponen mucho empeño en trabajar en campos que el accionar estatal, por sí solo no puede atender acabadamente, como es la minoridad.
"Hay mucha gente que trabaja en serio, comprometida y cuando ve que se dice que se revisaría todo, o que los ministros se pelean con los directores o que se iría uno y pondrían a otro, como que sienten manoseado su trabajo y se decepcionan", enfatizó el padre Joaquín, quien desde hace 20 años junto a su congregación trabaja con niños y familias en situación de vulnerabilidad de los barrios Flores y Olivares de Capital.
Igualmente, las organizaciones le piden al Poder Legislativo celeridad en el tratamiento y aprobación de las modificaciones a la ley 6.354 de minoridad de la Provincia, de acuerdo con la norma nacional 26.061 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y que, a la hora de elaborar y votar los presupuestos, prioricen a la niñez no sólo en los enunciados.
Durante el encuentro que ayer mantuvieron con la titular del área social del Gobierno de Celso Jaque, las instituciones les manifestaron a las autoridades sus buenas expectativas sobre la figura de Dora Martínez -quien asumió ayer (ver aparte)- ya que la flamante directora ha pasado por todas las áreas del organismo y conoce en profundidad la problemática social.
Pero el pedido prioritario que Fedem llevó a Desarrollo Humano está relacionado con la prevención de la vulneración de los derechos infantiles.
"Es necesario que desde el Estado se generen políticas públicas que posibiliten efectivizar los derechos de los chicos, es decir no sólo trabajar sobre los derechos vulnerados, sino hacer prevención para que sus derechos no se vulneren. El Gobierno, la Justicia, los legisladores y las instituciones estamos llamados por ley a trabajar articuladamente por los chicos, esto tiene que ser en serio y con reglas claras", finalizó Spoliansky.
